El que pide dinero para acelerar un permiso o trámite, o quien lo entrega, ¿quién tiene mayor responsabilidad en este tipo de corrupción?
HACE UNOS DÍAS el diario The New York Times saco a la luz pública que la empresa Wal-Mart de México pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios para agilizar los permisos de apertura de tiendas.
"El artículo del New York Times pinta un panorama preocupante para Wal-Mart que probablemente tendrá ocupada a la compañía en los próximos años", dijo Michael Koehler, profesor de la Universidad de Butler y un experto en la ley estadounidense sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por su sigla en inglés), una legislación de la década de 1970 que prohíbe los sobornos a funcionarios de gobiernos extranjeros.
El rotativo apunto también que Wal-Mart México pagó a gobernadores, alcaldes y regidores en todo el país para acelerar permisos de construcción de sus tiendas.
Los sobornos de la empresa presuntamente le consiguieron de todo, desde certificaciones de zonificación de uso de suelo hasta reducciones en las tarifas de los constructores. A raíz de la publicación, se reabrió el caso de una tienda Wal-Mart abierta en Teotihuacán, Estado de México, en 2004, y donde, según con la denuncias realizadas en esa época,
está involucrado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues el almacén se instaló en terrenos de zona arqueológica, por lo que no había permisos para construir ni del municipio ni del propio INAH, que es una dependencia federal que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por ese tiempo, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, el titular la SEP era el regiomontano y ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Reyes Tamez Guerra, quien luego, ya en el gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se convirtiera en diputado federal del Partido Nueva Alianza, instituto político que maneja la profesora Elba Esther Gordillo Morales.
“El caso Wal-Mart me tiene muy indignado”, dijo el presidente Calderón cuando supuestamente se dio cuenta, después de un intento de arrojar culpas a autoridades locales, de que su gobierno está metido hasta las manitas en la mugre y se apresuró a que la Secretaría de la Función Pública demostrara su existencia ordenándole investigar el asunto.
“Anhelo el día en que todo el que la haga la pague, pero también no quiero hacerlo ni por impulso, ni por arbitrio ni por capricho, ni por lo que sienta, sino por lo que la ley diga”, sentenció.
La reportera Lilia Saúl del periódico EL UNIVERSAL, publica: “El gobierno federal favoreció en seis años a Wal-Mart con más de 200 permisos, concesiones, licencias y autorizaciones, así como con dos mil contratos.
En el 2009, la delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales de Playa del Carmen, para la construcción de una tienda de la cadena de supermercados. Por la apertura de la sucursal se eliminaron 30 mil metros cuadrados de selva media.
Lamentablemente el caso de Wal-Mart no es único ni excepcional. Al amparo de la corrupción, han prosperado muchas empresas más en la entidad, no solo extranjeras. Así lo denuncio en su portal http://www.noticaribe.com.mx/noticias/ donde señala: “La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SINTRA) en Quintana Roo otorgó hace menos de 15 días las licitaciones para construir en Cancún y Chetumal los dos primeros Centros Integrales de la Primera Infancia (CIPIs) al Grupo Desarrollador Rumega S. A. de C. V. (GD Rumega), una empresa que hace un año no existía y a la que de manera anticipada e irregular esta dependencia entregó toda la información necesaria para que, conforme a un mero formalismo, presentara una propuesta que, previo acuerdo, sería declarada ganadora.”
Pero no es eso todo estimado lector. En el mismo reportaje señala que SINTRA, quien está a cargo de Mario Alberto Castro Basto, compadre del ex Alcalde de Cancún y ex Procurador Francisco Alor Quezada, hombre de toda su confianza del ex gobernador Félix González Canto, actual candidato del PRI al Senado, favoreció a la empresa GD Rumega la cual está constituida por personas ligados directamente con el Gobernador Roberto Borge Ángulo…….¡Upsss!
GUILLOTINA: La denuncia contra SINTRA no es nada nuevo.
Cuando su ex titular el yucateco José Gabriel Mendicuti Loria, quien fuera coordinador general de la campaña de Roberto Borge Ángulo, tuvo a su cargo la edificación del “distribuidor vial” --en el centro de Cancún-- y asignó la obra a una de sus empresas: “Aguila Constructora del Sureste, S.A. de C.V”.
El gasto fue de más de 80 millones de pesos, a pesar de que fue cotizada originalmente en sólo 17 millones. El puente fue fabricado en medio de sospechas de deshonestidad y con deficiencias técnicas --
Otro puente, en la avenida López Portillo y la Bonampak”, que igualmente fue construido por Mendicuti y que también es una obra que se “auto designó”.
Respecto a ese paso a desnivel, el ingeniero municipal José Zaldívar Pérez declaró: “No se puede decir que tiene fallas de ingeniería, porque simple y sencillamente la ingeniería no existe” en esa obra.
Lo mismo hizo tras el escándalo provocado por la adjudicación que el ex titular de SINTRA otorgó --para la ampliación de la cárcel de Cancún-- a la empresa Safie de Quintana Roo, S.A. de C.V., cuyo propietario – ejecutado- ,
era Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del peligroso narcotraficante Vicente Carrillo Leyva –y del fallecido Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”-- líder del Cártel de Juárez.
En lo referente a Wal-Mart ¿Se sabía eso en México? Seguramente, pero los medios de difusión, impresos o electrónicos, están advertidos por Wal-Mart: cualquier ataque significará la pérdida de la publicidad de uno de los más grandes anunciantes del país.
En lo que respecta a al Grupo Desarrollador Rumega. ¿Lo sabía Roberto Borge Ángulo? Seguramente, la diferencia es que el gobernador tiene a sus golpeadores intelectuales o simplemente boicotea los espacios noticiosos, cuando denuncian a funcionarios por corrupción…. ¡Zas!
Ya no es posible admitir el viejo y cínico recurso de justificar la corrupción como un mal nacional.
No se vale,
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