04 noviembre 2014

¿DONDE ESTÁN LOS MAESTROS?

ESCUELAS SIN MAESTROS EN QUINTANA ROO, A PESAR DE “INVERSIÓN HISTÓRICA EN EDUCACIÓN”

Por: Fabiola Cortés Miranda








CANCÚN, MX.-A pesar de que según el gobernador Roberto Borge Angulo, en los tres años de su administración se han canalizado 12 mil 780 millones de pesos en infraestructura educativa; en  Quintana Roo existen ocho planteles en los que los alumnos toman clases en aulas móviles y múltiples escuelas sin maestros, sin infraestructura y sin mobiliario apropiado.

El pasado 27 de octubre, la Unidad del Vocero de Roberto Borge difundió un comunicado en el que se destaca que “con una inversión histórica en infraestructura educativa, del orden de los 12 mil 780 millones de pesos, en lo que va de esta administración para todos los niveles educativos, Quintana Roo consolida una educación sólida y de calidad para los niños y jóvenes quintanarroenses, aseguró el gobernador Roberto Borge Angulo”.  

El boletín continúa con una serie de cifras “impactantes”, pero que deslucen ante los reclamos de padres de familia por mejores condiciones de infraestructura en las escuelas, y por la asignación de maestros.

02 noviembre 2014

VIOLENCIA A NIVEL MUNDIAL

GUATEMALA LIDERA RÁNKING DE MUERTES POR VIOLENCIA A NIVEL MUNDIAL


Otros países de la región con altas tasas de muerte por violencia son El Salvador, Colombia y Venezuela, de acuerdo al World Health Rankings.


Con tasas sobre 20 está Brasil, Honduras, Ecuador y Panamá.

Cuatro países latinoamericanos figuran en los 10 primeros lugares del World Health Rankings sobre tasa de muertes por violencia a nivel mundial.

La lista mundial la encabeza Guatemala con tasas de 74,9 por cada 100.000 habitantes. Le sigue El Salvador, que se ubica en el tercer lugar, con tasas de 57,3. En tanto Colombia figura octavo con tasas de 44,8 y Venezuela en noveno con 44,7.




Con tasas sobre 20 está Brasil en el lugar 19, con tasa de 28,5; Honduras (27) 24,2; Ecuador (38) 21,7; Panamá (39) 21,5.

México, por su parte, está en el sitio 45 con tasa de 18,2; Paraguay (61) 13,2; República Dominicana (63) 12,9; Nicaragua (65) 12,4; Costa Rica (72) 10,5; Chile (89) 6,8; Argentina (93) 6,2; Haití (95) 6,0.




Con tasas bajas figuran Uruguay (98) 5,5; Cuba (104) 4,4; Bolivia (107) 3,7; Perú (111) 3,0.

UNICEF VE FALLAS

UNICEF VE FALLAS EN LA POLÍTICA SOCIAL DE MÉXICO



En materia de atención a los menores, “la política de desarrollo social en México abarca mucho y aprieta poco”, señaló Erika Strand, jefa de Políticas Públicas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).


Al presentar el informe “Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Equidad”, expuso que los programas sociales están dispersos, fragmentados y mal focalizados, lo que impide llegar a toda la población infantil que lo necesita.

“Hay programas progresivos, como Prospera (antes Oportunidades), que llega al 52 por ciento de los niños, niñas y adolescentes en pobreza extrema. Ahí está faltando casi la mitad, estamos hablando de 6 millones de niños en pobreza extrema, y no se llega a poco menos de 3 millones”, indicó.

En ocasiones, agregó, los programas federales acaban duplicándose: por ejemplo, Prospera coexiste con el de Apoyo Alimentario, para personas por debajo del línea de bienestar mínimo, por lo que se beneficia a personas que no necesitan ambos programas, mientras que otras que sí lo requieren quedan excluidas.

“Es realmente una tragedia el dinero que se está gastando en México en programas federales, estatales y municipales, todos con una lógica distinta, sin un padrón unificado de beneficiarios. Hay lugares donde van duplicando, triplicando acciones, y hay otros en donde no existe nada”, añadió Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales del Tecnológico de Monterrey.

Ejemplificó que, en Chiapas, hay al menos 30 programas sociales estatales, cuyos recursos y padrón de beneficiarios se desconocen.


Para mejorar las fallas por dispersión y exclusión, el Unicef llamó a integrar un padrón único de beneficiarios para mejorar la fiscalización de los programas sociales.