Por: Romamy Miranda Gutiérrez
Razonar y convencer,
¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
Santiago Ramón y Cajal
EL
JUICIO POLÍTICO
en México se ha convertido en herramienta de intimidación, descrédito y ataques
entre la clase política nacional. Fue concebido como derecho ciudadano para
exigir rendición de cuentas a los servidores públicos corruptos o ineptos, pero
históricamente se ha quedado en el limbo.
Desde
1982, se han presentado y esfumado cientos de denuncias de juicio político. En
tres décadas solo prosperó la del
ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano,
acusado de desviar millones de dólares.
Al salir
del recinto legislativo Díaz Serrano, inmediatamente después del desafuero, le
pidió al jefe de la Policía Judicial Federal Florentino Ventura ir a su casa
para cambiarse de ropa. De su casa fue llevado a un reclusorio del Distrito
Federal en calidad de detenido. Pasó 5 años en la cárcel, murió en abril del 2011.
Actualmente
el juicio político es utilizado como instrumento de poder, solamente sirve para
dar manotazos y someter. No busca la verdad: responde sólo a la lógica de la
dominación, porque la élite gobernante quiere permanencia, impunidad, ser
intocable y beneficiarse a sí misma.
Muchas
son las denuncias y nulas las sentencias condenatorias. Es un procedimiento
creado a modo para que quienes detentan el poder evadan su responsabilidad.
También sirve para expulsar traidores a los intereses de la élite. En
concordancia con el abogado en materia Constitucional, Elisur Arteaga Nava, el juicio político se
basa en criterios estrictamente políticos. No busca la justicia ni castigar al
culpable.
El
juicio político propuesto por los partidos de oposición PRD y PAN contra
el gobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge Angulo y el senador Félix González
Canto, me parece genial.
Es hora
de que estos personajes, respondan por todas la malversaciones que ha hecho con
el presupuesto del estado, y todo el abuso de poder que ha ejercido en función
de su encargo público. Asesinatos, extorsiones, el robo, los zetas, el tráfico, la imposición de
candidatos; son muchos los temas que, tiene por responder.
Hay que
recordar que el año pasado la ex
diputada federal Alicia Ricalde Magaña
califico como un “distractor social”, el juicio político en contra de su
hermano, el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde
Sin
embargo, ¿Qué puede suceder con un juicio político? Quizá nada, como usualmente
pasa en este País, existen cerca de 35 solicitudes que
duermen “el sueño de los justos” en el Congreso de la Unión.
El
juicio político se ubica en el artículo 109 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En el primer párrafo establece: “Se impondrán
mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los
servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de
sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, y culmina”. No procede
el juicio político por la mera expresión de ideas.
El
artículo 110 menciona a aquellos servidores públicos que pueden ser sujetos de
juicio político. El 114 señala que “El procedimiento de juicio político solo
podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su
cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán
en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.
Cualquier
ciudadano puede denunciar a servidores públicos, pero con elementos
probatorios. Formulada la denuncia ciudadana, corresponderá a la Cámara de
Diputados abrir el procedimiento de juicio político, actuando como órgano
acusador, y a la Cámara de Senadores como jurado de sentencia. Las sentencias
políticas son inatacables: contra ellas no procederá recurso legal ni amparo.
Este procedimiento implica intromisión del Poder Legislativo en los otros
poderes, so pretexto del control democrático.
Acusar
implica enfrentarse al aparato del poder público. En un sistema de dominación
como el mexicano, es inadmisible acusar a poderosos. Incluso, existe una
amenaza legal: cualquier ciudadano podrá formular denuncia, pero “bajo su más
estricta responsabilidad”.
México
tiene la oportunidad de reivindicarse con los juicios políticos, evitar su
histórica doble moral y dejar de tolerar la impunidad de la clase política…. ¡Upsss!
Si fuiste testigo
de un acontecimiento y quieres denunciar algo o compartir tu punto de vista
sobre un tema, entonces envía tu aportación y lo publicamos. Gracias por sus
comentarios
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