APRUEBAN
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, PERO DEJAN FUERA EL ‘3 DE 3’
*Senadores
de Quintana Roo: Félix, en contra; suplente de El Niño Verde, en contra; y
Beristaín, ausente
 |
Félix
González Canto, Luz María Beristaín y Jorge Aréchiga Ávila
|
CIUDAD
DE MÉXICO.- El Senado aprobó la Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción
y de Responsabilidades Administrativas, pero ignoró la demanda ciudadana para
obligar a todos los funcionarios a publicar su declaración patrimonial, fiscal
y de interés con el formato de la plataforma #3de3.
De los
tres senadores de Quintana Roo, dos votaron en contra, el ex gobernador Félix
González Canto y Jorge Aréchiga Ávila, el suplente de Jorge Emilio ‘El Niño
Verde’ González, mientras que la perredista Luz María Beristaín, no votó por
estar ausente.
En la
sesión extendida hasta la madrugada de este miércoles, el pleno del Senado
postergó la definición de los formatos de las declaraciones públicas, es decir,
no legisló sobre los datos que deberán incluir.
En
tanto, el artículo 29 abre la posibilidad a la interpretación. Si bien
establece la obligatoriedad de publicar las declaraciones patrimonial y de
interés, los funcionarios podrán ocultar “los rubros cuya publicidad pueda
afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
Por lo
tanto, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a propuesta
del Comité de Participación Ciudadana, será el organismo que “emitirá los
formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los
derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.
Aunque
los senadores Laura Rojas, del PAN, y Zoe Robledo, del PRD, propusieron que los
formatos que han funcionado en la plataforma ciudadana #3de3
http://tresdetres.mx/#/ fueran incluidos en la ley –tal como lo demandaron las
organizaciones ciudadanas– la propuesta fue desechada por el voto en contra de
59 senadores.
Aunque
51 senadores votaron a favor, el debate se perdió por ocho votos. Además, en el
momento de la votación, 18 legisladores no estaban en el salón de sesiones,
como Manuel Bartlett, Layda Sansores, Marco Blásquez y Benjamín Robles, del PT;
Fidel Demédecis, Luz María Beristain, del PRD y los panistas Héctor Larios,
Jorge Luis Preciado, entre otros.
La Ley
de responsabilidades administrativas es conocida como #3de3 porque
organizaciones civiles entregaron la iniciativa que fue respaldada con las
firma de más de 600 mil ciudadanos.
Aunque
hay avances, la reforma no cumplió con las expectativas ciudadanas y queda incompleta
la demanda de la máxima publicidad de las declaraciones de los funcionarios
públicos, advierte Juan Pardinas, director del IMCO, uno de los principales
impulsores de la iniciativa.
Durante
las últimas semanas, la negociación política se centró en este tema. Los
senadores priistas y del Verde estaban en contra de la máxima publicidad de las
declaraciones, pero horas antes de la votación, propusieron un “adendum” al
dictamen en el cual le dan la responsabilidad al comité coordinador y al comité
ciudadano de decidir la forma en que se harán públicas las declaraciones.
“Ni
siquiera está la ley para escoger a los integrantes de los comités. Todavía no
se ha creado el cuerpo y ya se le está asignando una responsabilidad de enorme
desgaste político”, asegura Pardinas.
En
entrevista con Animal Político, sostiene que “la mayor expectativa de los
ciudadanos se queda en la incertidumbre” porque los senadores “le tienen miedo
a la #3de3”.
Trece
meses después de la reforma constitucional para el combate a la corrupción, los
senadores aprobaron dos de las cinco leyes reglamentarias. La Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada con 116 votos a favor y cuatro en
contra.
 |
| ¿LUZMA, EN EL CARRO DEL CAMBIO?: La senadora Beristaín Navarrete, en un mitín de apoyo a Carlos Joaquín González, gobernador electo de Quintana Roo. |
Los
aspectos fundamentales
El
Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales,
políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades
de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y
control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer,
articular y evaluar la política en la materia.
El
Sistema estará integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación
Ciudadana, y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los
sistemas locales de las entidades federativas.
El
Comité Coordinador establecerá los mecanismos de coordinación y diseñará y
evaluará las políticas públicas de combate a la corrupción; estará integrado
por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la
Función Pública (SFP), de los presidentes del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, de un representante del Consejo
de la Judicatura Federal, y uno del Comité de Participación Ciudadana. Su
presidencia será anual y rotativa entre los miembros del Comité de
Participación Ciudadana.
El
Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de
probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
El
Sistema Nacional Anticorrupción tendrá una Secretaría Ejecutiva, que será un
organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión. Su objetivo es fungir
como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional.
Se
creará una Plataforma Digital Nacional, administrada por la Secretaría
Ejecutiva, donde las autoridades integrantes del Sistema Nacional incorporarán
los sistemas de:
Evolución
patrimonial y de declaración de intereses
Servidores
públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas
Servidores
públicos y particulares sancionados
Información
y comunicación del sistema nacional y del sistema nacional de Fiscalización
Denuncias
públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción.
El
Sistema Nacional de Fiscalización establecerá acciones y mecanismos de
colaboración para la fiscalización de los recursos públicos. Estará integrado
por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función
Pública, las entidades de fiscalización superiores locales, y las secretarías o
instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades
federativas.
Con 94
votos a favor y 23 en contra, el Senado aprobó la Ley de responsabilidades
administrativas que tiene estos puntos relevantes:
Todos
los funcionarios públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir
verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órgano
interno de control y su declaración fiscal anual, en los términos que disponga
la legislación de la materia.
Las
declaraciones patrimonial y de interés serán públicas salvo los rubros cuya
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por
la Constitución. Para tal efecto, el Comité coordinador, a propuesta del comité
de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que
los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de
las autoridades competentes.
En el
sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y de constancias
de presentación de la declaración fiscal de la plataforma digital nacional, se
inscribirán los datos públicos de los servidores obligados a presentar
declaraciones.
Las
secretarías y órganos internos de control realizarán una verificación aleatoria
de las declaraciones patrimoniales, de interés y evolución del patrimonio de
los servidores públicos. De no existir ninguna anomalía expedirán la
certificación correspondiente. En caso contrario, iniciarán la investigación
que corresponda.
Si el
presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le
imputan una vez iniciado el procedimiento de responsabilidad se aplicará una
reducción de hasta treinta por ciento del monto de la sanción aplicable y, en
su caso, una reducción de hasta el treinta por ciento del tiempo de
inhabilitación que corresponda. (Fuente: Animal Político)
No hay comentarios:
Publicar un comentario