PROMUEVEN
ABOGADOS CAMPAÑA PARA PEDIR DESAPARICIÓN DE PODERES DEN QUINTANA ROO
Barra de Abogados de la Rivera Maya A.C |
Cancún, Quintana
Roo.-La Barra de Abogados de la Rivera Maya A.C. anunció una campaña para
exigir la desaparición de poderes en Quintana Roo, al considerar que las
reformas propuestas por el gobernador, Roberto Borge, y aprobadas por el
Congreso estatal —que la oposición considera un “paquete de impunidad” en
materia de corrupción para el mandatario estatal— son contrarias a la
Constitución.
Los
inconformes con las acciones del gobernante indicaron que desde este viernes
pondrán a disposición de los ciudadanos un documento para la recopilación de
firmas, que será dirigido al Senado con dicha solicitud para suspender en sus
funciones al titular del Ejecutivo, así como a los actuales poderes Legislativo
y Judicial.
“Se
puede considerar la desaparición de poderes solamente en ciertos casos, uno de
ellos es que se quebranten los principios del régimen federal, como fue en este
caso, y/o que por causa de los diputados se afecte la vida del Estado”, dijo a
Expansión el presidente de dicha asociación, Leopoldo Cruz.
La
argumentación para la desaparición de poderes la detalla en un comunicado
publicado en su página de Facebook, donde señala que dichas iniciativas
quebrantan los principios del régimen federal por parte de los titulares de los
poderes constitucionales, que es una de las causales para decretar la
desaparición de los poderes de un Estado.
“Los
diputados locales quebrantan los principios del régimen federal, además de
causar una crisis política y jurídica imputable a ellos”, manifestó la Barra en
su comunicado.
En
particular, el documento se refiere a los cambios a la Constitución local sobre
responsabilidades de los servidores públicos y de fiscalización de recursos
públicos —aprobados a finales de junio pasado—, por considerar que el Ejecutivo
y el Legislativo locales las procesaron de manera indebida, debido a que la
reforma anticorrupción a nivel federal mandata que estas modificaciones se
realicen hasta que entre en vigor la legislación secundaria en la materia, lo
cual ocurrirá hasta que el presidente de la República decrete lo aprobado esta
semana por el Congreso de la Unión.
“El
Congreso local se adelantó o se apresuró, porque el presidente Enrique Peña
Nieto vetó la Ley 3 de 3. Obviamente, si a nivel federal no se ha publicado,
significa que el Congreso (estatal) no podía legislar para tal efecto”, agregó
Cruz.
Otra de
las causales para decretar la desaparición de poderes es que los titulares de
los poderes locales propicien situaciones o conflictos “que afecten la vida del
Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico”, lo cual ocurre en
Quintana Roo bajo la administración de Borge.
El
llamado “paquete de impunidad, desde la perspectiva de los quejosos, pretende
“generar condiciones para evitar la fiscalización profunda de los recursos
públicos ejercidos entre el año 2010 al 2016”, el sexenio de Borge, así como
designar a actuales funcionarios locales al frente de órganos y tribunales
“para que resuelvan en su caso las responsabilidades administrativas y penales
de los servidores públicos”, lo cual pone en entredicho su objetividad.
En caso
de que prospere la petición de desaparición de poderes, el Senado nombraría a
un gobernador provisional —de entre una terna propuesta por el presidente de la
República—, quien concluiría el periodo del actual mandatario (que termina el
próximo 25 de septiembre), debido a que ya existe un gobernador electo: Carlos
Joaquín González, postulado en la elección del 5 de junio por la alianza
PAN-PRD.
… Y
TAMBIÉN POR LA VÍA DEL AMPARO
La Barra
también convocó a los ciudadanos y empresas de Quintana Roo a firmar a partir
del próximo lunes un amparo en contra del nombramiento del nuevo titular de la
Auditoría Superior del Estado, bajo la justificación del “temor fundado” en
torno a la correcta fiscalización de los recursos públicos.
Los
litigantes abundan que las personas, como beneficiarias de programas y
servicios, y las compañías, en su calidad de contratistas, tienen interés
jurídico para demandar una revisión profesional, imparcial y trasparente del
Presupuesto, y consideran que el auditor recientemente designado, Javier Félix
Zetina González —primo del exgobernador Félix González Canto, considerado
mentor político de Borge—, incumple con estos principios, derivado de su
cercanía al aún gobernador y a su nula especialidad en la materia.
Éste no
sería el primer amparo en contra de las medidas en materia de corrupción
impulsadas por el gobierno de Borge. Hassan Medina Rodríguez solicitó a nivel
federal el mismo recurso contra la designación de tres magistrados del Poder
Judicial estatal, proceso en el que el abogado.
Además
de estas acciones, los abogados de la Riviera Maya adelantaron que presentarán
“diversas acciones de inconstitucionalidad, juicio político y petición de
admisión a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por
violaciones graves a los derechos fundamentales”. (Fuente: CNN)
No hay comentarios:
Publicar un comentario