EL CONGRESO DE QUINTANA ROO DA MARCHA
ATRÁS A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA QUE QUERÍA ROBERTO BORGE
ANGULO
Publicado Julio 26, 2016
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| El gobernador, Roberto Borge Angulo |
En la sesión de este martes, los legisladores aprobaron la
derogación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada
por el Gobernador, Roberto Borge Angulo. De acuerdo con la oposición, nombrar a
los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa era una vía para
blindarse contra acusaciones de supuesta corrupción.
El Gobernador Roberto
Borge Angulo, esperará el fallo de la SCJN antes de echar para atrás leyes que
lo "blinden" de ser investigado.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– El Congreso de
Quintana Roo derogó las designaciones de los tres magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado (TJA) días después de que la Procuraduría
General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por oponerse a los
lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción .
De acuerdo con la oposición y manifestaciones de ciudadanos,
era una vía del Gobernador Roberto Borge Angulo para blindarse contra
investigaciones por presuntos casos de corrupción.
Por unanimidad, el Pleno aprobó dejar sin efectos los
nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge
Herrera Aguilar como magistrados.
En la sesión de este martes, los legisladores aprobaron la
derogación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada
por Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado.
Sin embargo, la derogación no contempló el nombramiento de Javier Félix
Zetina como auditor Superior del Estado, ni la asignación de escoltas para el
mandatario estatal y su familia por un periodo de 15 años.
Durante la discusión, la Diputada del Partido Acción
Nacional (PAN), Trinidad García Arguelles, cuestionó por qué no se revocó el
nombramiento del fiscal, Carlos Álvarez.
El 11 de julio pasado, la Procuraduría General de la República
(PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones
de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de
Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua luego de que el mes pasado los legisladores
locales aprobaron reformas “que se oponen a los lineamientos generales” del
Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley General Anticorrupción –que entrará en vigor una vez
sea promulgada por el poder Ejecutivo– previó que los estados deben esperar a
la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales
anticorrupción se ajusten y armonicen al Sistema Nacional. Pero los priistas
Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez –cuyas
administraciones han sido cuestionadas– se adelantaron y modificaron la reforma
en este rubro con la intención de blindarse al buscar designar a funcionarios
encargados de promover la justicia.
Ante esta acción, Borge Angulo dijo que acatará con
responsabilidad la resolución de la SCJN, pero negó haber promovido la creación
de un sistema anticorrupción para el estado que pronto dejará de gobernar.
Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron hace unos
días que la acción de la PGR fue acertada (aunque tardía) pero, dijeron, solo
es una parte del camino, ya que la nueva maquinaria anticorrupción dará las
herramientas para profundizar en auditorías, seguir la ruta del dinero y juntar
evidencia para desmantelar las redes de corrupción. El trabajo será
documentarlo bien y, finalmente, actuar en consecuencia por la vía penal, no
solo a nivel administrativo.
“La acción [de inconstitucionalidad] está bien, es un
mecanismo de control y un recurso legal. Pero si nos queremos meter al fondo
del asunto, tenemos auditorías, menciones documentadas de temas como deuda
pública, pago a proveedores; fallas en el incumplimiento de responsabilidades
financieras del estado que darían lugar para meterse al fondo”, expuso Ricardo
Corona, abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, de acuerdo con Alejandro González Arreola, director
de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), el poder Ejecutivo debe determinar
estas acciones ante la SCJN como de “alta relevancia” para que la resolución no
tarde mucho tiempo, ya que no queda otra medida al ser cambios ya aprobados por
los Congresos locales.
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