ROBERTO BORGE ANGULO Y LA LEY: PERIODISTAS

"Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre"

Albert Einstein

TODOS LOS DÍAS en México, alguien es atacado por lo que escribe, por lo que piensa, por lo que dice, por su profesión o su sexo o su afiliación política o su color de piel.

En mi opinión, el gobierno mexicano ha intentado atenuar su responsabilidad esgrimiendo limitaciones en el marco legal que impiden a las autoridades federales investigar delitos del orden local. Es cierto que la mayoría de los delitos cometidos contra periodistas, entre ellos las amenazas, lesiones, homicidio, abuso de autoridad, son competencia local y no federal.

De acuerdo con el Artículo 19 de la Organización Civil y Defensora de la Prensa y Libertad de Expresión consideró el año 2011 como uno de los más violentos contra periodistas y medios de comunicación al registrar 172 incidentes en todo el país, entre ellos varios en Quintana Roo.


A los medios y periodistas, muy pocos, que optan por no entrar al juego de la corrupción borgista, son perseguidos y atacados.





El gobernador Roberto Borge Angulo, así como funcionarios de su gabinete y alcaldes de la entidad debe ser más cuidadosos en ordenar las supuestas amenazas y ataques contra periodistas y algunos medios de comunicación; porque ya se firmó el decreto de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga al gobierno federal y los estatales a proteger sus derechos, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación















El 6 de mayo pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación, en el acuerdo 009/2012, a la presidenta de Tulum, Edith Mendoza Pino, (quien amenazó de muerte a periodistas de la localidad) y pidió al procurador de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, disponer la reparación del daño causado a los comunicadores y sancionar los ilícitos cometidos contra ellos.






Asimismo el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, amenazo a reporteros y algunos por Facebook,  que denunciaron al edil, de haber recibido alrededor de 60 millones de pesos del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, y lavados en la campaña proselitista de la última elección en la que resultó ser la primera autoridad de ese municipio de Quintana Roo.



Felipe de Jesús Calderón Hinojosa reconoció con la nueva ley autorizada , el esfuerzo de comunicadores y activistas que se ha visto trastocado por el ataque, la intimidación, las amenazas y los crímenes que sobre ellos ejercen las bandas delincuenciales, que son criminales sin escrúpulos que pretenden imponer sus reglas “acallando a la sociedad y a sus voces más destacadas”.




Calificó de “indignante” que en algunas regiones del país los comunicadores y activistas están expuestos a agresiones, abusos, a actos de hostigamiento en el ejercicio y por el ejercicio de sus actividades.

¿Qué le teme Roberto Borge, si su Gobierno, con una enorme carga al erario público tiene el control absoluto de los medios de la entidad?

Determinó que quienes ejercen el periodismo y la defensoría de los derechos humanos “no están solos” y ratificó su convicción y voluntad de trabajar hasta el último día de su gobierno para llevar ante la justicia a quienes pretendan mediante la agresión, la intimidación o la violencia, cancelar las libertades ciudadanas.

Adicionalmente, estimado lector, si algo es repugnante en el México del 2012, es la extendida corrupción, sin la cual no podrían explicarse los niveles de violencia con los que hoy se está tratando de silenciar a la prensa; hay que decirlo así, porque es la única manera de evidenciar que si los criminales actúan como lo hacen, es porque hay autoridades coludidas y complacientes con los delincuentes.

No hay ninguna zona o región del país en la que se sienta seguridad plena para el ejercicio del periodismo. Las denuncias sobre amenazas, extorsiones, “levantones” de familiares, persecuciones y golpizas se escuchan por doquier, ante la mirada indolente de policías y procuradurías estatales en las que se alega que poco o nada puede hacerse.

La respuesta reiterada es: “pues mejor bájale y no te metas en problemas”.

Insisto, El gobernador Roberto Borge Angulo, así como funcionarios de su gabinete y alcaldes de la entidad debe ser más cuidadosos en ordenar las supuestas amenazas y ataques contra periodistas y algunos medios de comunicación, porque la norma que consta de 67 artículos prevé, entre otras sanciones, que al Servidor Público que altere, manipule los procedimientos para perjudicar, poner en riesgo o causar, se le impondrá de dos a nueve años de prisión

Así como el pago  que fluctúa entre  los  setenta hasta cuatrocientos días multa y podrán ser destituidos e  inhabilitados  de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

 ¿Se prendieron los focos amarillos en Quintana Roo?

Las agresiones contra periodistas se considerarán así cuando por acción u omisión o se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica de las personas defensoras de derechos humanos o del periodista, "así como a su cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, descendientes, personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social"…. ¡Upssss!

GUILLOTINA: ¿Será cierto que el gobernador Roberto Borge Angulo sabe que divulgaron en Twitter base de datos de la Dirección de Tránsito de Solidaridad para atacar a Noticaribe?

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