Por: Casa de Citas
Apenas
la semana pasada el gobierno de Enrique Peña Nieto pasó uno de sus momentos más
álgidos al ser señalado internacionalmente por buscar censurar Internet a
través de las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones,
curiosamente, promovidas por el Senador Javier Lozano Alarcón, un panista ex
priista.
A través
de distintas etiquetas, los intentos del gobierno por censurar la red, en aras
de la seguridad nacional, se convirtieron en trending topic a nivel mundial.
También se organizó una protesta por parte de jóvenes universitarios, quienes
fueron reprendidos por la policía capitalina, así como una cadena
humana-marcha-mitin organizada por el Senador panista Javier Corral Jurado y el
líder moral de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, evento en el que,
por cierto, Lozano se llevó la rechifla más larga.
Ahora,
organizaciones civiles alertan sobre un nuevo intento de ejercer la censura y
la represión, está vez, tratando de controlar las manifestaciones a través de
una ley que, tentativamente, se discutirá hoy en el Senado.
Se trata de la Ley
Reglamentaria del artículo 29 constitucional, que tiene su origen en la reforma
de 2011 en materia de derechos humanos, la cual contempla temas como la
restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales.
En 2011,
el artículo 29 constitucional fue modificado con un sentido de protección de
los derechos humanos. Sin embargo, en la Reforma Política, publicada el pasado
10 de febrero de 2014, se volvió a modificar este artículo.
De
concretarse la aprobación, el gobierno de Peña Nieto estaría en línea con los
de estados como Quintana Roo, comandado por el priista Roberto Borge Angulo,
quien a través de su La Ley de Ordenamiento Social, pretendió restringir y
controlar las manifestaciones en el estado.
Y ni
hablar del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes (PCM) que, sin haber
pasado por un proceso legislativo, fue expedido y publicado el 25 de marzo del
año pasado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; la llamada “Ley Mancera”
establece que para disolver manifestaciones sociales la policía capitalina –con
autorización oficial– puede usar armas de fuego, “disuadir” una concentración
con sustancias químicas irritantes e ingresar con violencia entre los
manifestantes para “separar” a quienes considere en “estado de agresividad”.
ARTÍCULO 19, FUNDAR, LA RED TODOS
LOS DERECHOS PARA TODOS Y TODAS, ENTRE OTRAS, YA EMPEZARON A DENUNCIAR ESTE
NUEVO INTENTO POR APAGAR LA VOZ CIUDADANA. LA CUESTIÓN ES QUE UN GOBIERNO QUE
ESTÁ DIVORCIADO DE SUS GOBERNADOS, SIMPLE Y SENCILLAMENTE NO LOS ESCUCHA Y ESTE
NO ES EL PRIMER INTENTO QUE SE HA VISTO EN 14 MESES DE LA ADMINISTRACIÓN DE
PEÑA NIETO PARA TRATAR DE MINIMIZAR LAS EXPRESIONES CIUDADANAS.
EN CUALQUIER DEMOCRACIA AVANZADA,
LA CRÍTICA CIUDADANA ES UN ELEMENTO QUE SE TOMA EN CUENTA, PERO EN EL CASO DE
MÉXICO, TAL PARECE QUE NI LA ALTERNANCIA HA LLEVADO A QUE EL SISTEMA POLÍTICO
MADURE Y ENTIENDA QUE UNA NACIÓN SE CONSTRUYE CON TODAS LAS VOCES. EN LUGAR DE
ENTENDERLO, TAL PARECIERA QUE LA ADMINISTRACIÓN DE PEÑA NIETO QUIERE PONER EN
PRÁCTICA AQUELLA VIEJA MÁXIMA DE UN CÉLEBRE PRIISTA: “YO NI LOS VEO NI LOS
OIGO”.
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