Por
Carlos Marín
 |
| Enrique Peña Nieto & Roberto Borge Angulo |
De la
controversia que presentó ante la Suprema Corte de Justicia contra los
gobernadores y congresos de cuatro estados para obligarlos a que ajusten sus
legislaciones a la reforma educativa federal, a la Consejería Jurídica de la
Presidencia parece habérsele olvidado al menos un estado más.
Quienes
quedaron bajo sospecha de hacerse patos con el pacto federal son: Gabino Cué
(aliancista), Manuel Velasco (Verde-PRI), Fausto Vallejo (PRI) y Guillermo
Padrés (PAN), de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora, respectivamente, así como
las legislaturas correspondientes.
En el
mismo trance constitucional no figura el gobernador priista de Quintana Roo,
Roberto Borge (y no, desde luego, el Congreso del estado porque resolvió a
finales de febrero, ¡y por unanimidad!, adecuar sus normas a la Constitución de
la República).
De las
leyes se ocupan los legisladores, pero de su aplicación el Poder Ejecutivo y,
en el caso de Borge, sus paisanos aprobaron lo que él se comprometió, con
anterioridad, a no cumplir, ya que se prestó para, inclusive, publicar en el
Periódico Oficial del 5 de noviembre cuanto quiso la predominante facción de la
disidencia magisterial.
“Las
leyes y demás disposiciones obligan por el solo hecho de publicarse en este
periodo” (sic), reza el lema de la publicación en que el gobernador y su
secretaria de Educación, Sara Latife Ruiz Chávez, asumen como propia toda la
rollera, demagógica, retrógrada y convenenciera exigencia de la contrarreforma
que promueve en distintas entidades la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación.
En la
edición de esa fecha se publicó una cachetona “minuta de acuerdos” que obliga a
todo a la administración estatal y libera de cualquier compromiso al magisterio
quintanarroense.
Para el
efecto, ambas partes (15 conformaron la representación “magisterial”) tomaron
en cuenta consideraciones que parecen broma, como por ejemplo:
“Que la
nación mexicana, en su evolución histórica, ha conquistado con la fuerza y el
ímpetu de su genuina determinación una serie de garantías que, a pesar de la
oposición de los sectores conservadores de cada momento, se han convertido en
prerrogativas consagradas en diferentes marcos constitucionales, y que los
grupos en el poder y los gobiernos se han visto obligados a reconocer.
Lo
logrado en ejercicio de nuestra soberanía no ha sido nunca producto de
concesiones fortuitas, sino producto de la exigencia ética, popular y justa,
que con la fuerza de la razón se han arrancado en beneficio del pueblo
mexicano…”.
Lo
acordado, pues, es un lugarcomunesco manifiesto en que no faltan un tardío
llegue a Venustiano Carranza, “la inolvidable huelga de Cananea” ni todo lo que
“… trabajadores de la educación y pueblo en general hemos tenido que actuar
para preservar las garantías establecidas por las luchas y la sangre derramada
por nuestros padres y abuelos”.
Sobre
tales consideraciones, lo que Borge comprometió equivale a la cesión de
territorios por López de Santa Anna…
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