UN
ESCÁNDALO ENTRE HERMANOS EVIDENCIA AL GOBIERNO IMPROVISADO DE
SAN
LUIS POTORSI
Fernando Toranzo Fernández, Gobernador
de San Luis Potosí.
El
hermano del Gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, quien
fuera delegado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Martín Toranzo
Fernández, sorprendió el pasado lunes a los habitantes de esa entidad cuando,
en conferencia de prensa, informó que había demandado por presunta extorsión
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Roberto Naif Kuri,
titular de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de su
hermano. El funcionario estatal dijo que Naif Kuri le exigió el pago de un
millón de pesos a cambio de no generar “un escándalo mediático” ante un caso de
corrupción en el que se encontraba involucrado.
El encargado de la comunicación social de San
Luis Potosí habría acusado al hermano del Gobernador de recibir el 10 por
ciento de un contrato de obra con valor de 29 millones de pesos. El funcionario
federal incluso decidió dejar su cargo, de manera temporal, para ocuparse
personalmente del proceso penal. Sin embargo, este escándalo no es el primero
que sale a luz dentro de la administración del Gobernador Toranzo Fernández;
otras situaciones han puesto en evidencia la falta de control que el Gobernador
tiene en sobre su administración.
EL COSTO
DE IMPROVISAR
Entre
los más recientes, se encuentra el que involucra a su secretario de Seguridad
Pública, Joel Melgar Arredondo, quien contrató como “consultores de seguridad”
a varias empresas en el Distrito Federal que nada tenían que ver con el ramo y
a la Oficialía Mayor del Estado a cargo de Benito López Lara. El pasado 30 de
agosto, el gobierno de Toranzo Fernández aprobó y contrató, con recursos
federales, a un abarrotero, una empresa que vende aparatos eléctricos, una
agencia de publicidad, una editorial, una compañía cuyo rubro principal es la
venta de telas y una ferretera para que le ofrecieran “servicios de consultoría especializada” en
seguridad. Todos ellos cobraron en el año 2013 al gobierno de San Luis Potosí
casi 20 millones de pesos, provenientes del Programa Nacional de Prevención del
Delito, en “servicios de consultoría especializada” en esa materia, solicitados
por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En los
contratos que la Oficialía Mayor del gobierno de Fernando Toranzo firmó con
siete empresas de la Ciudad de México, además de datos de directorios de
negocios y documentos sobre adquisiciones de dependencias federales y de otros
estados, el diario potosino detectó que ninguna de esas empresas coincidía con
el propósito especializado requerido por la SSP. De acuerdo con esos
documentos, todos los servicios fueron solicitados por Melgar Arredondo entre
el 23 y el 28 de agosto de 2013. Y todos esos documentos fueron firmados por el
director general de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, Benito López Lara;
signados todos el 5 de septiembre del mismo año.
Esas
operaciones obtuvieron además el visto bueno de la Auditoría Superior del Estado.
En el reporte de la cuenta pública del año pasado, se señala que la Auditoría
Superior aceptó los argumentos ofrecidos por la Oficialía Mayor con la que
exentaron las compras del proceso de licitación. Pues señalaron que todas esas
empresas utilizaron el método de la adjudicación directa con la cual los
proveedores tuvieron “la exclusividad” sobre esos servicios. Un ejemplo de
ello, es la operación que se realizó con la empresa Fernández Educación S.A. de
C.V., la cual está registrada como una editorial con sede en la colonia Xoco,
de la capital del país, la cual cobró 6.2 millones de pesos.
Sin
embargo, esa empresa, de acuerdo con Compranet, el portal especializado de
proveedores y licitaciones del gobierno federal, se dedica a la elaboración y
comercialización de libros, diccionarios y obras editoriales. Pese a ello, el
gobierno de San Luis Potosí le compró a esta empresa servicios de consultoría
en “la prevención del delito desarrollando soluciones que permitan resolver
problemas complejos y que puedan tener un alto impacto social a través de
talleres”.
Estos
talleres, de acuerdo con el contrato, se ofrecerían a niños, adolescentes y
mujeres de varios municipios del estado para prevenir el uso de drogas, el
bullying y la violencia intrafamiliar, de acuerdo con el contrato
DGA-CAASPE-co118-AD-026-13. El contrato DGA-CAASPE-co241-AD-47-13 garantizó,
también por la vía de adjudicación directa, a la empresa Gurmy S.A. de C.V. el
pago de 3.7 millones de pesos por servicios “especializados” en seguridad, destinados
a la reactivación de espacios a través de la creación de talleres de teatro, la
proyección de películas, clases de danzón y ritmos latinos y hasta enseñanza de
artes circenses Estas actividades contrastan con el rubro principal de esta
empresa que ofrece el directorio digital pek.com: “comercio al por menor en
tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneos”. Además, Compranet revela que
ha vendido miles de metros de tela a la secretaría de Marina y al IMSS. Otras
cuatro empresas de diversos ramos, como anuncios publicitarios y hasta
refacciones, pasaron por diversos filtros del gobierno de San Luis Potosí y
fueron aceptadas para dar servicios a la SSP.
ESCÁNDALO
DE HERMANOS Pero esta semana fue el hermano del Gobernador quien protagonizó el
escándalo dentro de la administración estatal. Martín Toranzo Fernández,
denunció el pasado lunes al Coordinación
General de Comunicación Social del gobierno del estado, Roberto Naif Kuri, por
extorsión. La acusación que el Secretario de Comunicación Social hizo contra
Martín Toranzo, concretamente se trataba de una supuesta intervención a favor
de una empresa, que en la denuncia aparece identificada como “Tenco Dream”o
“Tekno Dream”, para que ésta obtuviera un contrato de 29 millones de pesos de
la Comisión Estatal del Agua (CEA), por lo cual recibiría el 10 por ciento de
esa suma.
El delegado enfatiza que nunca incurrió en esa
acción. Naif Kuri presuntamente se comunicó con el hermano del Gobernador para
decirle que estaba metido en un problema grave de corrupción. Y le propuso “un
trato justo”: “que le dé un millón de pesos a cambio de no hacer un escándalo
mediático y preservar su condición de funcionario federal”. Esta controversia
finalmente involucró no sólo al hermano del Gobernador sino también a varios funcionarios
de su gabinete.
Además, el que fuera delegado de la Conafor, pidió a la
Procuraduría Estatal las comparecencias de otros funcionarios del gobierno de
Fernando Toranzo; el secretario general de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas, y del
subsecretario de Gobierno de la misma dependencia, Eduardo González Sierra, a
los que acusó de tener conocimiento del presunto intento de extorsión de su
compañero de gabinete. Incluso este jueves, Martín Toranzo pidió además la
destitución de Cándido Ochoa como secretario general de Gobierno y lo acusó de
usurpar funciones.
Aseguró
que Ochoa incurrió en usurpación de funciones al “dar por descartada mi
denuncia diciendo que yo miento, el señor no es vocero de la procuraduría, a
excepción que exista una supra procuraduría y el señor decida la impartición de
justicia desde su despacho”. A que ampliará la denuncia que presentó ya ante la
PGJE, para implicar de manera oficial a Cándido Ochoa y a Eduardo González
Sierra y que la Fiscalía determine si incurrieron también en responsabilidades
penales. También pidió “un examen toxicológico al señor encargado de la
comunicación social del Gobierno del Estado que podrán corroborar con
diferentes instituciones de salud, donde el señor ha estado internado para
tratarse de su problema de fármaco dependencia”. Pese al enfrentamiento entre
servidores públicos, el cual involucra a su hermano, el Gobernador Fernando
Toranzo no ha hecho ninguna declaración.
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