La
verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad.
Epicteto de Frigia
LA AUSENCIA DE castigo en caso de mentir a una autoridad, es una de las causas
principales de la falta de procuración e impartición de justicia, de acuerdo
con una percepción social muy extendida en nuestro país. Las estadísticas
confirman esa impresión: la falsedad en declaraciones rendidas ante la
autoridad es un delito no sólo poco castigado, sino también frecuente. Recuerdo
el caso del general Miguel Ángel
Hernández Castellón ex delegado de la Procuraduría General de la República en
Quintana Roo, fue detenido y encarcelado en el 2004, por falsas declaraciones de un testigo protegido, que lo involucraba en la ejecución de nueve personas, entre ellas tres agentes de
la AFI (Roberto Alcántara Pérez, Luis Octavio Guzmán Ruiz y Fernando Pérez
Nájera), presuntamente ligados al cártel del Golfo, después de cinco años fue
liberado. Ahora recobraron su libertad Noé Ramírez Mandujano, ex zar antidroga de la
Procuraduría General de la República, al demostrar que la acusación de que
tenía vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva se basó en falsas
declaraciones,
unos días después liberaron al ex subsecretario de la Defensa
Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, - detenido junto con otros cuatro ex
funcionarios del Ejército en mayo del año pasado por presuntos vínculos con el
crimen organizado - al desmoronarse la
investigación por inconsistente, ya que la mayoría de los testigos protegidos en ambos casos
fueron utilizados por la PGR para
reforzar la investigación, han
reconocieron que nada de lo que
declararon inicialmente les constaba y
que todo fue parte de un ardid fraguado….!What!.......
¿Sirven
los testigos protegidos? La mayoría de
la gente opina que no, la mayoría por no decir que todos, son delincuentes con
beneficios que gozan de impunidad y privilegios - bebidas alcohólicas,
cigarrillos, celulares o servicios de prostitución – que no aportan demasiado, que ante la posibilidad
de ver reducida o anulada una pena que puede ser de muchos años de prisión,
están dispuestos a decir lo que sea, verdad o mentira.
Antes de ser testigos
protegidos o colaboradores de la PGR
fueron asesinos a sueldo, guardaespaldas, choferes, cómplices,
lugartenientes o hasta familiares directos de los capos del narcotráfico. Bajo
la asignación de identidades o nombres ficticios —Rafael, César, Yeraldine,
Karen, Fernando, Guadalupe, Saúl, Moisés, Felipe, Jennifer, entre muchos
otros—, son actualmente parte sustancial en los juicios más importantes
instaurados en México contra presuntos miembros de la delincuencia organizada.
Algunos de los colaboradores de este tipo,
no han pisado la cárcel, se encuentran resguardados, bajo protección y
pago de las autoridades.
Otros, han muerto asesinados, algunos más fueron dados
de baja del sistema de protección o en los hechos han escapado, o preferido
entregarse en Estados Unidos a las autoridades de ese país para evitar
“filtraciones” sobre su paradero o el de sus familias. Para las autoridades,
los testimonios de los testigos protegidos han servido supuestamente para
enfrentar al crimen organizado, particularmente al narcotráfico, y llevar a
prisión a varios de los más peligrosos delincuentes.
El programa Testigos de
Colaboración de la Procuraduría General de la República, en el que se han
sustentado las principales investigaciones
contra el crimen organizado, opera sin control, seguridad ni estrategia.
Según el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
estipula que cuando un miembro del crimen organizado colabora sin que exista
una averiguación previa en su contra, todo lo que diga no será tomado en cuenta
para actuar en su contra. Cuando haya una averiguación previa, el colaborador
esté implicado y aporte indicios para la consignación de otros miembros de la
delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él
cometidos podría ser reducida hasta en dos terceras partes.
El gobierno de
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presumió la detención de
servidores públicos presuntamente vinculados con el narcotráfico como uno de
sus logros. La supuesta Operación
Limpieza fue la justificación para demostrar que se estaba trabajando para
detectar y castigar a los narco funcionarios. Sin embargo, los funcionarios públicos que confesaron haber trabajado para el
narcotráfico circulan libremente por las
calles, y algunos siguen trabajando en la PGR.
La ex fiscal Marisela Morales Ibánez, ya no es procuradora. ¿Y
ahora qué pasa con los acusados en su administración que son inocentes? ¿Qué
autoridad les dijo a Tomás Ángeles Dauahare, perdón, fue un error, lo sentimos? Por lo menos que reconozcan las autoridades la injusticia que cometieron porque yo creo que
los años encerrados, no hay cómo pagar
el tiempo perdido. ¿Qué harán ahora quienes fueron detenidos injustamente? ¿Cómo se repara el daño
psicológico, económico, físico y moral? ¿Qué
pondrá en su curriculum? ¿Quién
lo contratará con antecedentes penales? ¿Cómo se incorporará en una sociedad
que los juzgo severamente? ¡Una vida destrozada por una injusticia! La sociedad desconfía de las instituciones en
general y particularmente de la PGR. Parece que esta institución sólo representa represión, autoritarismo,
impunidad, ilegalidad, corrupción e incapacidad para otorgar la tranquilidad
que todos y es difícil recuperar la confianza y la credibilidad de
la sociedad…. ¡Upsss!.. En una breve
entrevista en el noticiero de Joaquín López Dóriga el general Ángeles Dauahare dijo, que por ahora lo que más desea es recuperar el tiempo perdido al lado de su
familia, y afirmó que el ex Presidente
engañó a México en su guerra contra el crimen organizado, al hacerle creer a la
población que se estaba metiendo a la cárcel a servidores públicos deshonestos.
….
GUILLOTINA. La PGR anunció que se someterá a revisión el esquema del
programa de testigos de colaboración. Demasiado tarde señores, el daño está
hecho.
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