EN
QUINTANA ROO las autoridades no brindan las garantías
necesarias para que los periodistas
hagan su trabajo de manera segura, son agredidos, perseguidos y hostigados,
fue la manifestación generalizada del gremio que estuvo
presente en El Taller de Autoprotección para Periodistas, que se
llevó a cabo en el municipio de Benito Juárez,
los días 13 y 14 del presente mes de diciembre.
El
evento organizado por La Casa de los
Derechos de los Periodistas conjuntamente con
Freedom House, tuvo como objetivo
principal dar pláticas en relación a la defensa y promoción de los
derechos de los periodistas, hizo hincapié en la importancia de la
capacitación y difusión de las garantías de este gremio, ya que la labor de
prevención es un elemento transcendental para generar un ambiente que
privilegie los derechos fundamentales y enarbole la dignidad humana.
La sede
del encuentro fue en la Universidad del Caribe, en donde la representante del
gremio estatal Graciela Machuca Martínez,
exhortó los asistentes a
capacitarse constantemente, a fundamentar y contextualizar sus informaciones,
así como a ser responsables y a no traicionar la confianza de la sociedad…..
Transcribo
textualmente la resolución del evento:
DECLARACION
DE PERIODISTAS REUNIDOS EN CANCUN
“POR UN
PERIODISMO PROFESIONAL Y LIBRE”
14 de diciembre de 2013.
Somos
mujeres y hombres periodistas, comunicadores y estudiantes de la carrera de
Ciencias de la Comunicación, que
acudimos al primer taller de capacitación y análisis convocado por colegas de
la entidad y apoyados por la Universidad del Caribe, el Gobierno del Estado, el
Poder Judicial, el Congreso del Estado, la Casa de los Derechos de Periodistas,
Freedom House y otros actores.
Durante
los días 13 y 14 del presente mes y año examinamos las vulnerabilidades del
ejercicio de prensa y en particular de los periodistas, el marco legal, las
causas y tipos de agresiones que no cesan, así como las distintas medidas para
que la información de interés público cuente con garantías suficientes para
beneficio de la población. Al finalizar coincidimos en lo siguiente:
DECLARACIÓN
Enterados del interés del Gobernador del Estado,
Roberto Borge Angulo, por garantizar la libertad de expresión, así como de
integrantes del Congreso del Estado para legislar en torno al ejercicio del
periodismo a efecto de que participemos en el proceso, reconocemos como
altamente positiva esta voluntad política.
Frente
a ello, ratificamos que el ser periodista implica una de las más altas
responsabilidades sociales. Eso establece la obligación de trabajar cada día,
cumpliendo con estándares éticos, actualizarse continuamente y rechazar malas
prácticas profesionales que afecten el libre flujo de la información, del
interés social y del derecho al honor de las personas.
Afirmamos
que para lograr una etapa de mayor profesionalismo del periodismo, se necesita la
colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio pleno del
derecho a la información y la libertad de prensa.
En
primer lugar, se requiere el reconocimiento gubernamental de que nuestra
actividad es de interés público y, por tanto, debe ser protegida, tutelada y
promovida con un andamiaje jurídico que sancione las agresiones, que reconozca
derechos y proteja las funciones del periodismo y también de políticas públicas
que estimulen la aplicación continua y extiendan la protección social a los
compañeros en situación de vulnerabilidad.
ES
POR ELLO QUE EXHORTAMOS:
Al
Congreso del estado:
-
Que
se reconozca el ejercicio periodístico en la Ley de Profesiones, y que se suba
a rango constitucional en el Estado, por ser una actividad de interés público y
social.
-
Que
se discuta y apruebe el proyecto de Ley para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo que
está en proceso en el área Jurídica del Poder Legislativo local, dentro de la
cual se incluye la protección integral al ejercicio del periodismo y que
establezca la obligación y el derecho de los colegas a la capacitación continua
en centros de educación superior.
-
Que
se cree un fondo para la capacitación y actualización de periodistas y se destine para ello un porcentaje del
total que se ejerce del gasto público en publicidad.
-
Que
se cree un fideicomiso para casos de: la muerte de un periodista, discapacidad temporal o permanente y
desaparición, para que la familia no quede desprotegida.
A
los gobiernos Federal, Estatal y Municipal:
-
A
definir políticas de comunicación sin exclusiones ni discriminación y con
atención a las distintas alternativas de información y alcance ciudadano.
-
Que
no exista discrecionalidad en la contratación de espacios publicitarios en los
tres niveles de gobierno. Que el poder Ejecutivo y Legislativo inicien un
proceso de creación de una ley que regule el
gasto publicitario con criterios de equidad y transparencia.
-
Que
la Procuraduría General de Justicia en el estado continúe con las
averiguaciones de agresiones, asesinatos y en su caso desapariciones en la
entidad.
-
Que
durante el ejercicio de nuestra labor periodística, el Estado garantice el
acceso a las reuniones y demás eventos que sean de interés para la sociedad.
-
Que
se flexibilice y agilice el acceso a la información.
-
Que
se garantice el acceso a los programas de protección social.
-
Que
el Gobierno del Estado tutele los
derechos laborales de los trabajadores de los medios de comunicación, con
abogados que los representen.
A
los colegas periodistas:
-
A
fomentar la unidad entre el gremio periodístico y procurar la
profesionalización personal y colectiva.
-
A
crear una red de Protección de Periodistas con el fin de atender y reaccionar
unificadamente ante toda clase de agravios (insultos, obstrucciones, golpes,
acoso jurídico, amenazas e incluso asesinatos) que tengan por objetivo
mermar o impedir el derecho constitucional de informar y mantener informada a
la sociedad, así como cerrar filas para disminuir la vulnerabilidad que
padecemos como periodistas y medios de comunicación.
-
Contratar
un seguro de vida colectivo para comunicadores.
Suscriben
esta resolución por la comisión redactora:
Oscar Efraín Meza,
Marlene Hernández, Bernardo Olivares Jiménez, Romamy Miranda Gutiérrez, Ambar
Pacheco García, Guillermina García Morales, Graciela Machuca Martínez, Jaime
Enrique Rendón de León, Leticia Mayela Sánchez Ramirez, Armando Castillo
Montejo, Cristina Alarini Monzón, Virginia Betanzos Moreno, Stephany Fuentes
Alvarado, Magali Carbajal Maldonado, Pascual
Salanueva Camargo, Jesús Hernández Escobar.
Se
adhieren:
Testigos: Martha Olivia López Medellín,
Rogelio Hernández López, Edgar Omar Viniegra Ávila, Andrés Solís Álvarez,
Víctor Ruiz Arrazola, Benjamín Nava Boyás, Dora Villalobos Mendoza.
