22 mayo 2012

GOLPE POLÍTICO DEL PRESIDENTE CALDERÓN

"Un general que ve con los ojos de otros, nunca será capaz de mandar un ejército como es debido." Napoleón





EL ANALISTA José Reveles, comenta para BBC Mundo: "Al presidente Felipe Calderón le tomó cinco años justificar y defender la presencia en las calles del ejército en tareas de seguridad pública, y en unas pocas horas se cae todo".

De 2006 a 2008, el perjurio –conocido en México como falsedad— ocupó el noveno lugar entre 40 delitos federales. Según datos del Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de la República (PGR), acusó de éste a 2 mil 280 personas, lo que representa el 1.7 por ciento de los acusados de delitos federales.

No obstante, no reciben una sanción significativa, pues aun cuando se establece una pena de dos a seis años de prisión, no se conocen casos en que se aplique. En cuanto a la falsedad de declaraciones rendidas por testigos protegidos, éste es otro caso de graves consecuencias jurídicas.

 A raíz del operativo de las fuerzas de seguridad conocido como “michoacanazo”, mediante el cual fuerzas federales y el Ejército detuvieron en ese estado a diez alcaldes, diecisiete funcionarios públicos y un juez, el 26 de mayo de 2009 –todo ello sustentado en declaraciones rendidas por un “testigo protegido”









Pero este asunto de las detenciones de los generales, soltado a la mitad del proceso electoral, cuando a Calderón no le salen las cosas como quisiera en materia de su sucesión, huele más a cuestión política que a justicia, independientemente de si los militares aprehendidos son responsables o no.



¿En quién basa la PGR las acusaciones en contra del General de División Diplomado de Estado Mayor en retiro y ex sub-secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare;   el General Brigadier, en activo, Roberto Dawe González;  El General de División Diplomado de Estado Mayor, Ricardo Escorcia Vargas, y desde el pasado viernes, con la llegada de Teniente Coronel en Retiro Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto?

Militares entrevistados por Proceso advierten que si el gobierno de Calderón carece de pruebas contundentes contra el general Ángeles la detención “se le va a revertir tremendamente”, en particular al secretario Galván.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) mencionaron que, al igual que Roberto López Nájera, testigo colaborador conocido con el nombre clave de "Jennifer", y el Mayor Arturo González Rodríguez, quien estuvo adscrito en Guardias Presidenciales y permanece preso…. entre muchos otros—, son actualmente parte sustancial en los juicios más importantes instaurados en México contra presuntos miembros de la delincuencia organizada.

Entre las MANGAS DE QUINTANA ROO quiero comentarles que el general Tomás Ángeles es nieto del célebre general revolucionario Felipe Ángeles quien combatió con Madero y Villa y fue profesor y director del Heroico Colegio Militar y cuyo nombre lleva una calle de  Chetumal, capital del estado de  Quintana Roo.

El, Teniente Coronel de Caballería  Retirado, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, formó parte del equipo de seguridad del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador durante su campaña en 2006.

La detención en 2008 del Mayor del Ejército, Arturo González Rodríguez, causó gran inquietud en el círculo presidencial. Las autoridades difundieron entonces la versión de que el oficial pasaba reportes al cártel de los Beltrán Leyva acerca de las actividades del presidente Calderón.

Lo estigmatizaron como el "infiltrado" de la mafia en Los Pinos. Cuatro años después la esposa del militar preso desde 2009 muestra a Proceso lo que, sostiene, son las pruebas de que las acusaciones son falsas y posiblemente las fabricó un general al que su esposo había denunciado por actos de corrupción.

Con estas detenciones recuerdo el caso del General Retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, asesinado el 20 de abril después de un largo historial de antecedentes con el crimen organizado. En agosto del 2000, Acosta Chaparro y el General Francisco Quirós Hermosillo fueron arrestados al ser acusados de proteger y trabajar para el Cártel de Juárez. Ambos mandos fueron condenados y permanecieron en prisión en el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México hasta 2007, cuando se concedió la libertad por falta de pruebas tras un amparo.




Si la titular de la Procuraduria General de la República, Marisela Morales Ibáñez, brinda las pruebas necesarias al juez sobre las acusaciones que pretende fincar a Tomás Ángeles Dauahare, quien fue el número dos en la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a 2008, entonces estaría demostrándose judicialmente que la connivencia de ésta con el crimen organizado se encuentra en los más altos mandos.




Curiosamente los abogados de los dos generales arraigados no tuvieron acceso al expediente para saber quiénes los acusan y de qué, sin embargo, Morales Ibáñez divulgó en la prensa del viernes 18, mediante funcionarios anónimos, que las acusaciones derivan de la llamada Operación Limpieza dada a conocer en octubre de 2008 por el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y a partir de la cual la actual procuradora general se hizo cargo de la SIEDO.

Por otro lado, el Guillermo Garduño Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana especializado en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, advierte que por las violaciones procesales “esto va hacia otro michoacanazo”

Asimismo Javier Oliva Posada, coordinador del diplomado de Defensa y Seguridad Nacional de la UNAM y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coincide: en la “guerra” de Calderón ha resultado contraproducente la sobreexposición del Ejército.


¿Qué sigue?

Finalmente, en el caso de Dauahare, Dawe González y Escorcia, se ha dicho de manera extraoficial que en el trabajo de la PGR participa la DEA, agencia anti-drogas que al parecer tiene más militares en la mira.

De no ser así se trata de un golpe político del Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa al PRI –por aquello de la cercanía de Dauahare con el equipo de Enrique Peña Nieto– ha sido descartada por la Procuraduría.

La sociedad desconfía de las instituciones en general y particularmente de la PGR. Parece que esta institución sólo representa represión, autoritarismo, impunidad, ilegalidad, corrupción e incapacidad para otorgar la tranquilidad que todos y es difícil recuperar la confianza y la credibilidad de la sociedad…. ¡Upsss!...

1 comentario: