EL PAPÁ DEL GOBERNADOR ROBERTO BORGE, FUNCIONARIOS EN ACTIVO Y VIEJOS POLÍTICOS,
EN LA LISTA DE ECOCIDAS
Durante
el 2013, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso 153
sanciones en Quintana Roo, casi todas por afectaciones a la vida silvestre, y
en la mayoría de los casos fijó una multa; mientras que en el 2014, la cifra
disminuyó a 94 sanciones.
Profepa,
“amiga” del papá del gobernador Roberto Borge Angulo
En 2013,
entre los sancionados por la Profepa están Roberto Borge Martín, padre del
gobernador del estado Roberto Borge Angulo, por “carece(r) de autorización de
impacto ambiental para la realización de obras y actividades”, en Cozumel. La
multa impuesta por la dependencia fue de solo 50 mil 059 pesos.
En eso
terminó la denuncia interpuesta el 18 de abril del 2013 por la asociación ecologista Cielo, Tierra y
Mar (Citymar), en la que documentó la
destrucción de manglares que el padre del gobernador realizó en un Área Natural
Protegida (APN), conocida como Playa Punta Francesa, para remodelar un club de
playa en Cozumel, propiedad de Roberto Borge Martín.
Guadalupe
Álvarez Chulim, presidenta de Citymar, informó en su momento, que en el lugar,
además, se rellenó la playa: “en esa área no existía playa, sino roca costera,
no sabemos de dónde se está extrayendo la arena, ya que no se nos permite el
paso como ciudadanos y trabajan de madrugada”, de acuerdo a una nota publicada
por Proceso, el 18 de abril.
El 17 de
mayo, un mes después de la denuncia, la Profepa, cuando aún era delegada
Ludivina Menchaca, realizó una inspección de la zona, la cual concluyó con una
multa ridícula, en la que se descartó la afectación al manglar puesto que la
dependencia sólo sancionó que Roberto Borge Martín no contaba con autorización
de impacto ambiental para realizar obras y actividades, pero no que causó
afectaciones al manglar o a la duna costera.
La multa
de 50 mil pesos resultó todo un regalito, y además, quién sabe si Borge Martín
la pagó.
Sale
barato apropiarse de las playas
Fernando
Eugenio Barbachano Herrero, sobrino de Fernando Barbachano Peón, quien fuera
dueño de los terrenos donde se asienta Chichén Itzá, recibió una multa por 67
mil 559 pesos, por utilizar y explotar la playa sin contar con la concesión
respectiva, y además impedir el libre tránsito por la misma; como se lee,
resulta barato apoderarse de la zona federal marítimo terrestre, colocar
mobiliario y explotarla; y por si fuera poco impedir el libre tránsito o el
disfrute de las mismas.
Por los
mismos motivos que Fernando Eugenio Barbachano; pero por actos cometidos en el
municipio Othón P. Blanco, fue multado con 40 mil 104 pesos, Luis Contreras
Castillo, dueño y presidente del periódico Diario de Quintana Roo, y quien
también enfrenta un litigio tras ser acusado de haberse apropiado del hotel
Grand Coco Bay, a través de una fraudulenta asamblea.
En la
Riviera Maya, igualmente, el desarrollo multiecocida Grand Coral, con razón
social Playa Paraíso Maya S.A. de C.V.; recibió una multa por 60 mil pesos por
utilizar y explotar la playa sin contar con la concesión respectiva, así como
impedir el libre tránsito por la misma.
Quien
fuera alcalde de Mahahual (2011-2013), Margarito Mayorga May, también está en
el club de los que usan y explotan la playa sin contar con el permiso
respectivo, ni pagar un peso partido por la mitad; aunque en este caso la
sanción por 48 mil 045 pesos, no refiere que el ex Delegado impida el libre
tránsito. Ya sería mucho…
Multas
al ‘tres por uno’ por devastar para crear asentamientos irregulares
La
Profepa impuso una multa de 150 mil pesos, en “combo” a las conocidas lideresas
Amparo Matías Martínez y Hermelinda Cachón Castillo, quienes devastaron una
amplia zona al poniente, a unos 10 kilómetros de Playa del Carmen, por devastar
una amplia zona, la cual lotificaron y vendieron, convirtiéndolas en las
colonias irregulares Jacinto Canek y Vida y Esperanza; claro con el visto bueno
de las autoridades municipales. En la multa-paquetón entraron Armando Garrigoz
González, así como el ya fallecido Gregorio Alberto Canto Góngora, quien hace
unas semanas fue ejecutado, y quien fundó otra colonia irregular en la misma
zona, denominada Valle de la Primavera.
En
palabras de la Procuraduría ambiental, la sanción se impuso por “por llevar a
cabo el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en una superficie de 36
mil 716 metros cuadrados de un ecosistema de selva mediana subperennifolia, sin
contar con la autorización correspondiente que al efecto emite la autoridad
federal normativa competente”.
El
despalme de la superficie es lo de menos, lo peor es lo que viene: miles de
familias exigiendo a las autoridades por los servicios que los
“desarrolladores” deben proporcionarles.
Director
de Medio Ambiente y Sub Secretario de Desarrollo y Vivienda, juntos contra el
ecosistema
En el
2014, el funcionario ecocida más “destacable” es Manuel Ricardo Pech Gómez,
quien a nombre de CAT INC., S.A DE C.V. Coconuts, fue multado con 500 mil pesos
por “carecer de autorización en materia de impacto ambiental para la
realización de obras y actividades” en Cozumel.
Ca CAT
INC., S.A DE C.V. Coconuts es un restaurante ubicado en la carretera Costera
Oriente kilómetro 43.5, de Cozumel.
Pech
Gómez, ha sido en la administración del gobernador Roberto Borge, subsecretario
de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, y actualmente es
subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda.
De acuerdo
a un post en la cuenta de Facebook La Avenida 35, Pech Gómez, junto con el
desastroso director de Ecología, Eliot Reyes Novelo, está relacionado con la
construcción ilegal de una palapa, en la Costa Oriental de Cozumel, y con el
hotel “Ventanas al Mar”, también en la Isla de las Golondrinas.
En el
informe de la Profepa no se detalla la ubicación de inmuebles o zonas
sancionadas, aunque en el caso de la multa, fue en Cozumel, y por la razón
social, se deduce que es el lugar denunciado en Facebook, donde se cometió el
ecocidio.
En la
lista de políticos enemigos del medio ambiente y la sustentabilidad, aparece
Pedro Ramón Peña Xicum, ex presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto y ex
secretario de Salud, quien tras larga ausencia de los reflectores, se placeó el
sábado pasado en un evento del alcalde de Playa del Carmen, Mauricio Góngora.
Peña
Xicum fue multado con 40 mil pesos por “carecer de autorización en materia de
impacto ambiental para la realización de obras y actividades” en Mahahual. Pero
el que fuera titular del Infovir es reincidente, pues recibió otra multa por la
misma causa
Otro de
los sancionados en 2014, fue el empresario chetumaleño Jorge Jesús Marzuca
Ferreiro, padre de Jorge Marzuca, dueño del club de playa Mamita’s. La Profepa
le impuso una multa al gasolinero de 43 mil pesos por “no acreditar con el
documento en el que conste la concesión o permiso o autorización para usar,
ocupar y aprovechar una superficie de zona federal marítimo terrestre, en el
municipio de Othón P. Blanco, sin precisarse en qué destino turístico; y por no
acreditar los pagos correspondientes por el uso, goce y aprovechamiento de la
zona federal marítimo terrestre.
Multas
de “chocolate”
En el
2013, el monto de las multas impuestas por la Profepa sumó 13 millones 877 mil
304 pesos; y en el 2014, la cifra fue de 7 millones 359 mil pesos, sin embargo,
la Procuraduría no sabe quiénes de los que causan daños ambientales pagan las
sanciones pecuniarias; y, por otra parte, los recursos no se aplican para
reparar los daños.
Sobre
este tema, la Profepa respondió a la solicitud de información 1613100000615
que: “me permito informar que la Dirección General de Administración a través
de la Dirección de Programación y Presupuesto; señala que durante la
administración 2014-2015 en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
no han ingresado recursos por concepto de multas, ya que estén (sic) lo
ingresan a la Tesorería de la Federación. En consecuencia no se ha dispuesto
por este concepto para que se hubiesen destinado al resarcimiento de daños
ambientales”.
Así que
pírricas o de cientos de miles de pesos, las multas pueden ser sólo de papel,
porque la Profepa no lleva un registro de quiénes las pagan.
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